La decisión de la Corte Plena de sancionar por escrito a las y los magistrados de la Sala Tercera es un error cuyas consecuencias son impredecibles. Faltaron 3 votos para que esos jueces y juezas fueran suspendidas. Y serán esos votos los que, en mucho, definan el destino de nuestra democracia.
El “pau, pau” en las manos que recibieron por castigo estos funcionarios públicos envió a la sociedad el mensaje equivocado. Transmitió la sensación de que existe una justicia para magistrados y otra para las demás personas. No conocer el fundamento de la decisión, ni los argumentos que se esgrimieron alimenta la sensación de impunidad.
Si bien es cierto la ley obliga al secreto en la votación y la discusión, no es menos cierto que el resultado huele a cálculo político de algunos y/o algunas magistradas.
Estamos entre obispos
Los y las sancionadas fueron llevadas a un proceso disciplinario por desestimar una causa contra los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata. La causa estaba relacionada al tráfico de influencias por la importación del cemento chino de Juan Carlos Bolaños.
La Corte Plena está integrada por 22 magistradas y magistrados (que evidentemente es un exceso aquí y en cualquier parte del mundo). Dado que de previo se votó que la falta era “grave” y no “gravísima”; cualquier decisión disciplinaria debe tomarse por 15 votos. La sanción máxima posible en estas circunstancias es de dos meses de suspensión. Sin embargo, solo 12 magistrados y/o magistradas votaron a favor de la sanción. Siendo que no alcanzaron la mayoría absoluta, la sanción fue un reproche por escrito.
Independientemente del resultado, 3 de las personas acusadas eran juez y parte en la decisión, entre ellos el Presidente mismo del Poder Judicial. ¿Así quién no va a pensar que hubo consideraciones corporativas en la decisión? No importa cuánto se desmienta, la mecánica de la decisión convierte el proceso en espúreo ante la opinión pública.
Que se haya transmitido la sensación de impunidad desde la cuna de la justicia es quizás el mensaje más perverso que puede recibir una sociedad. ¿Con qué cara se va a condenar a cualquier persona si “entre bomberos no se majan la manguera”? Una vez más se refuerza la sensación de corrupción en las cúpulas y la red de cuido político.
¿Qué toca hacer?
Desde que se conoció la decisión no faltaron las voces llamando a la renuncia o pensión adelantada de las y los encartados. Dejar vacante toda la Sala Tercera y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por un período indeterminado crearía un lío institucional importante. Sin embargo, esas vacantes abrirían luchas intestinas en la Asamblea Legislativa para colocar magistrados o magistradas afines a determinadas tesis políticas.
Considerando que la actual Asamblea Legislativa es de mecha corta y que Restauración Nacional es un chispero permanente, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero, la Unidad en un acto dirigido a la gradería de sol pide la renuncia de los sancionados y sancionadas. Sí, la misma Unidad que tiene entre sus filas a Pedro Muñoz, quien viajó con Juan Carlos Bolaños a Panamá. Parece un chiste, pero es la conducta impulsiva de una fracción que no tiene un liderazgo político e intelectual claro.
Bien lo ha dicho la Presidenta de la Asociación de Jueces, Adriana Orocú, se necesitan reglas claras para que los nombramientos no sean para defender intereses y posiciones políticas. Los partidos están obligados a desarrollar una discusión superadora, no a posar para la foto con cara de lamento. Más inteligencia, por favor.
Los tres votos que faltaron pesan como un cargo de conciencia. Y pesarán más mientas la Sala Constitucional no resuelva sobre las pensiones del mismo Poder Judicial. Otra vez el corporativismo.
La crisis desencadenada por la decisión torpe de la Corte Plena va a demandar de muchísima pericia política. Empecemos por no hacer olas. Es necesario un acuerdo político para asegurar la salida ordenada de los magistrados y magistradas; y preparar el reglamento para elegir jueces de la Corte de la forma más aséptica posible.
No actuar ahora de forma rápida y ordenada, complicará innecesariamente la gobernabilidad del país. Terminará con el capital político del gobierno (porque todos son iguales) y, probablemente, suelte a los perros de caza de algunos medios que aman la sangre gratis.
El tiempo está corriendo.
