Las niñas abusadas y obligadas a parir son dos muertes seguras. Pequeños cuerpos de no más de doce años deben cargar con un bebe fruto de una violación. La vida de la madre involuntaria y desgarrada de su infancia corre peligro. Su cuerpo no estará jamás preparado para la tarea que el violador encaja con la fuerza de sus años, mentiras y violencia.
Una niña, que solo juega con muñecas, sabe que su cuerpo cambia, pero no como el de las otras niñas. Se ha deformado por la agresión sexual de un tío, primo, vecino, padre, padrastro o hermano. Su vida corre peligro porque su cuerpo aún no puede resistir el parto, pero está condenada a muerte. No hay una norma técnica que le permita interrumpir el embarazo rápido, antes que el embrión se desarrolle. Aún con la norma dependería de un hombre o una mujer que decidan por ella. Esa niña no tuvo derecho a decir “No” cuando la violaron y ahora tampoco puede decir “No” porque depende de un médico.
De señores feudales y morales
Hace tan solo unas semanas los fundamentalistas católicos y evangélicos celebraban por que una niña violada en Jujuy, Argentina, no pudo interumpir su embarazo. Por el contrario, debió ir a una cesárea en la que se extrajo el fruto de la violación. El Gobernador de la provincia argentina, Gerardo Morales, – una suerte de señor feudal – celebró junto con la jerarquía católica la extracción de la criatura. Inclusive, habló de tener ya un hogar para la adopción. Pero no pudo ser. La bebé murió días después.
Murió, porque el embarazo fue detectado tarde. Murió, porque se tardó mucho en tomar la decisión. Murió, porque los médicos objetores de conciencia no permitieron que se interrumpiera el embarazo antes. Murió porque Gerardo Morales quiso obtener réditos políticos haciéndose pasar por fundamentalista. Murió porque iba a morir.
Pero los mal llamados defensores de las dos vidas celebraban el trauma por el que la niña debió pasar. Entre ellos Fabricio Alvarado, el profeta de los cristianos llamados a gobernar. El que se rodea de dos ignorantes argentinos que hablan en contra de una “ideología de género” que no existe. Ese personaje, quiere ser presidente de la República.
Dos muertes en nombre de dios
También en Argentina. También en una provincia conservadora. También allí donde la iglesia católica tiene a sus integrantes más retrógrados dirigiendo a la feligresía. También allí murió otro bebé. En este caso, quienes dicen defender la vida, redoblaron la apuesta. El obispo de Tucumán reveló la identidad de la víctima. Una niña de 11 años, violada por el compañero de su abuela. La menor solicitó la interrupción del embarazo en la semana 16, pero recién se le practicó en la semana 22 una cesárea en la que nació un bebé de 600 gramos que no resistió.
Durante seis semanas, las oscuras fuerzas “por la vida” trataron de impedir por todos los medios la interrupción del embarazo. Lo que lograron fue torturar a una menor al someterla a una cesárea innecesaria para salvar una vida que era inviable. ¿Qué principio justifica la revictimización de una persona? ¿En qué ayuda revelar el nombre de una niña de 11 años que será estigmatizada por el resto de su vida? Si hay una norma que regula la interrupción del embarazo en casos en los que la madre corre peligro ¿Por qué someter a una infante a una cesárea en la también podría morir y cuyas secuelas sentirá por el resto de su vida?
Una norma para la vida
¿Cuántas niñas se ven obligadas en nuestro país a completar un embarazo porque un médico no quiere preservar su vida? ¿Cuántas mueren? Solo en 2017 301 niñas entre 10 y 14 años debieron ser madres. En 2010 la tasa de mortalidad materna en niñas de 10 a 14 años era de 22 por cada 100 mil nacimientos, la más alta por grupo de edad. ¿Cuántas son por abuso sexual? ¿El 100%?
El gobierno tiene la obligación legal y moral a través de sus poderes, ministerios e instituciones de velar por la vida. Obligar a una niña a concluir un embarazo es arriesgarla a morir. De la misma forma, que si esa niña y su hijo o hija sobreviven estarán condenados por la violencia que engendró esa vida.
La norma técnica es necesaria para preservar la vida de todas las madres en riesgo, particularmente las más vulnerables, las que fueron violadas y su vida corre peligro. El cálculo político detrás del candado a la norma provoca asco.
En la Asamblea Legislativa los cromañones políticos arman su grupo “pro vida”; al tiempo que el Ejecutivo cede la “iniciativa moral”. Se vienen las elecciones municipales y el Presidente de la República parece decidido a dejar que la discusión se de en términos del odio religioso.
Cada embarazo forzado, cada muerte de una mujer que se pudo evitar; nos recuerda cuánto ha demorado el Presidente en ser hombre de palabra.
