Hace ya un año desapareció Julio López, un albañil de 70 años que atestiguó contra un represor de la dictadura argentina durante las décadas de mil novecientos setenta y ochenta. Miguel Etchecolaz, fue la mano derecha del jefe de policía Ramón Camps. Entre ambos torturaron y mataron a cuanto opositor político tuvieron en sus manos.
El caso de Etchecolaz está ligado al de un sacerdote (Von Wernich) quien era el confesor de estos asesinos y que sirvió de “consejero espiritual” de muchos presos a los que trataba de convencer para que confesaran sus delitos ideológicos. Una especie de Torquemada posmoderno.
La presión a los testigos de ambos casos ha sido terrible y el punto culminante ha sido la desaparición de Julio López el 18 de septiembre de 2006 cuando se perdió su rastro mientras caminaba entre su casa y el tribunal. Un año después no aparece.
Su ausencia es una herida abierta que no nos deja olvidar el odio salvaje que llevó a un conjunto de degenerados a raptar, matar, torturar, robar, apropiarse de hijos y a experimentar mecanismos de tortura que van más allá de la definición de perversión y todo bajo la mirada cómplice de un sector importante de la Iglesia Católica que creía que había que purgar a los “loquitos” que estaban en contra del sistema.
Julio López dio la cara luego de que el gobierno argentino reabriera causas dentro de una política de derechos humanos, cerrando la era oscura y corrupta de Carlos Menem que cerró la posibilidad de hacer justicia por medio de leyes cuestionables.
DEBE APARECER
Cuando estamos a un año de su desaparición los errores en la investigación junto a lo que se ha avanzado provoca asombro y dolor. Asombro porque en los más recientes allanamientos se ha encontrado material nazi y una propuesta para dar un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Dolor porque las diligencias se han hecho mal y eso no honra la memoria y el carácter de un hombre que sufrió y sobrevivió a las torturas, y tuvo el coraje de contar lo que vivió para que condenaran a estos asesinos.
Aunque existe una tesis fundada en torno a que el valiente Julio López fue asesinado luego de no querer cambiar su declaración, no es menos cierto que el gobierno argentino tiene una doble responsabilidad en este asunto. Por un lado está el hecho de que al abrir la puerta a los juicios y desarrollar una política de derechos humanos se crea una expectativa entre quienes anhelan justicia. Por eso, está la necesidad de dar protección a quienes salen a dar la cara después de llevar más de treinta años de dolor en el alma.
La otra cara de la responsabilidad del Estado argentino es la de hacer justicia. Justicia capturando a quienes han privado de su libertad a Julio López, justicia desterrando de la vida civil a los asesinos de la dictadura y sus cómplices; y justicia a la memoria de estas personas que pudiendo guardar silencio salen a dar la cara con un coraje que muy pocas personas tienen.
El juicio al cura Von Wernich, confesor de los torturadores, es una oportunidad para empezar a corregir errores y desterrar de la vida política democrática a elementos que pertenecen a la Alemania Nazi y no a la nueva sociedad que se ha propuesto construir Argentina desde 1983.
Que se sepa: A Julio López no se lo olvida, no tenemos miedo y vamos a seguir pidiendo justicia.
